Una sentencia del Tribunal Constitucional declaró ilegal a finales del mes de julio la gestión del plan PREPARA por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que exige ahora que su prórroga sea expresamente consensuada con las Comunidades Autónomas o las mismas se hagan cargo de su gestión.

El plan PREPARA es una modalidad de ayuda creada para parados en el marco de la crisis, denominada con anterioridad PRODI. En 2011 adquirió la actual denominación como plan PREPARA.

Después ha sufrido varias modificaciones hasta su configuración actual: un plan de seis meses de duración que se ha ido prorrogando, el desempleado recibe una paga mensual que oscila entre 400 y 450 euros -si tiene cargas familiares-.

A finales del mes de julio, una Sentencia del Tribunal Constitucional declaró ilegal la gestión y los pagos centralizados de ayudas a parados de este plan a raíz de una denuncia del País Vasco.

Actualmente, la prioridad es llegar a un acuerdo o buscar una solución que permita dar protección a todos los beneficiarios de este plan que quedarán desprotegidos.

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