La semana pasada, Función Pública y los sindicatos firmaron un acuerdo “histórico”, por el que los funcionarios mejorarán de manera notable su sueldo y demás condiciones laborales.

En el capítulo de las retribuciones, se contempla un incremento salarial fijo del 6,1% y una parte variable que lo incrementa hasta un máximo del 8,7%. Esa segunda parte dependerá del crecimiento del PIB, de los fondos adicionales con los que contarán las diferentes administraciones cumplidoras y de que el Gobierno alcance el objetivo de déficit en 2020.

En 2018, la subida será de un 1,75%, más un 0,20% de fondos adicionales. En 2019 un 2,25%, más un 0,25% variable en función del PIB, más un 0,25% de fondos adicionales. Y para 2020, un 2% más un variable del 1% en función del PIB, así como un 0,3% de fondos adicionales. Si se cumple el objetivo de déficit en 2020, habrá además una prima final del 0,55%.

El acuerdo también supone la devolución de la capacidad de negociación de las 35 horas en las administraciones que las tuvieran, siempre y cuando cumplan los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de déficit público, deuda pública y regla de gasto.

Asimismo, el nuevo marco posibilita, mediante negociación colectiva, que los funcionarios dispongan de hasta el 5% de su jornada anual para conciliar la vida profesional y laboral. Esto significa, según los cálculos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que los trabajadores públicos tendrán 11 días de libre disposición con carácter recuperable.

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