El procedimiento judicial se inició por demanda de la beneficiaria, progenitora en una familia monoparental, denunciando la desigualdad en la prestación de nacimiento y cuidado de menor, derivada de la aplicación del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, por cuanto las familias biparentales disfrutarían de un permiso de 24 semanas, (16 para la madre y 8 para la otra persona progenitora) mientras que en las monoparentales se limitaría a 16 semanas. Por ello, solicitaba que la duración de la prestación que le había reconocido la Entidad Gestora, de 16 semanas, se incrementara con las 8 semanas adicionales que hubieran correspondido en el caso de tratarse de una familia biparental.

Dicha demanda fue desestimada por la Sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao , entendiendo que la prestación de nacimiento y cuidado de menor, en su actual regulación por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, confiere un derecho intransferible a cada progenitor/a y, por lo tanto, un único ejercicio por la única persona  progenitora de la familia monoparental, sin que suponga ninguna discriminación por razón de género, ya que la solución sería la misma, fuera hombre o mujer.

Frente a esta dicha sentencia, la beneficiaria formalizó recurso de suplicación, que fue estimado por Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su Sentencia de 6 de octubre de 2020.

Para el Tribunal Superior, se conculca el derecho de igualdad del menor que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de directa aplicación en nuestro ordenamiento, sin que pueda admitirse que la atención, cuidado y desarrollo del menor sea mayor o menor dependiendo de si el modelo familiar es monoparental o biparental, argumento que conlleva directamente la estimación del recurso.

Pero, además, el Tribunal Superior apunta a una quiebra del principio de igualdad del art. 14 CE por otras dos razones que pudieran justificar una posible cuestión de inconstitucionalidad, aunque finalmente no la plantea: desigualdad de género, por cuanto la mayoría de las familias monoparentales se constituyen por progenitores mujeres (según datos del INE en el año 2019, 1.530.600 mujeres y 357.900 hombres) y vulneración de los derechos de conciliación y vida familiar, ya que el vínculo de filiación, determinante del cuidado y atención del menor y de los derechos de los progenitores, es el mismo y debe originar los mismos derechos, cualquiera que sea la opción del modelo familiar.

Contra dicha sentencia, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha procedido a la preparación del recurso de casación para unificación de doctrina al amparo del art 219.3 LJS por cuanto las normas cuestionadas, art. 177 Ley General de la Seguridad Social (RD Leg. 8/2015, de 30 de octubre) y art. 48 apartados 4, 5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores. RD Leg. 2/2015, de 23 de octubre) , en su redacción dada por el RDL 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, resultan de reciente vigencia o aplicación por llevar menos de cinco años en vigor en el momento de haberse iniciado el proceso en primera instancia y por no existir aún resoluciones suficientes e idóneas sobre la cuestión discutida que cumplieran los requisitos exigidos para el supuesto general del recurso.