La Inspección de Trabajo ha regularizado desde 2017 a 18.000 repartidores que trabajaban como falsos autónomos.

Cuatro de las principales empresas de reparto que operan en España han sido expedientadas por la Seguridad Social desde 2017 por tener cotizaciones impagadas por un importe de 25 millones de euros por el uso de falsos autónomos como repartidores.

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